José Luis Díaz Afonso/Tenerife/Especial BienHallados
Entre otros temas, lo relacionado con la inmigración ilegal, procedente de las costas africanas, vía la “ruta canaria”, origina debates y polémicas entre los ciudadanos del archipiélago. El diputado del común, Rafael Yanes Mesa, aclara a BienHallados.org algunas dudas sobre este y otros tópicos.
Rafael Yanes Mesa es un periodista prestado a la política
Hay dos tipos de inmigración en España: la ilegal, que llega en pateras por vía marítima, de la que no se conoce a ciencia cierta su trasfondo. Si es parte de una mafia que hace negocio con estas personas, o si es parte de la necesidad de esas personas por emigrar. Y la inmigración legal, gente que viene con pasaporte, con doble nacionalidad o con el objetivo de pedir asilo por razones políticas o humanitarias.
—¿Tiene el inmigrante ilegal los mismos derechos que un inmigrante con documentación o en condición de asilo?
—Los ilegales vienen sin ningún derecho. Ahora en lo absoluto son comparables a los retornados, que tienen los mismos derechos que yo. El inmigrante ilegal, el que viene a Canarias, lo que realmente quiere es llegar a Europa, a Francia o Alemania, por ejemplo, donde tienen familias o amigos. Yo recientemente estuve en la isla El Hierro y de los 3.600 inmigrantes que habían llegado en las primeras semanas de octubre, ya no queda ninguno, es decir, es todo de paso.
—Porque los han trasladado a Tenerife y Las Palmas…
—Los envían a Tenerife y Las Palmas y allí se hace un cribado: unos se van a la península o a dar con sus familiares en otros países de acogida; y otros son deportados. A cada uno se le hace un expediente.
—Y esa instrucción de expedientes, ¿cuánto tiempo tarda?
—Al llegar una persona irregular hay unos parámetros: Mayores de 18 años y menores de 18 años. A los mayores de 18 se les puede deportar o dejar pasar a otro país. A otro país si tienen un vinculo familiar que los pida o que puedan demostrar ese vínculo. Y luego, los menores de 18 años tienen que ser acogidos por la Comunidad Autónoma, sobre todo si vienen no acompañados. En estos momentos, hay oficialmente 3.800 menores de edad sin acompañantes en la Comunidad Autónoma Canaria. De esa cantidad, hay 339 que serán enviados a otras comunidades autónomas. Ahora, a estos hay que hacerles la prueba ósea para comprobar que son menores. No basta con que ellos digan que son menores, puede darse el caso de que superan con creces los 18 años y manifiesten ser menores. El problema que tenemos es que llegan tantos, que estamos tardando entre 8 y 12 meses para obtener los resultados de las pruebas óseas y determinar la edad.
—¿Qué pasa cuando son menores?
—Los menores de edad, sí se quedan. Porque los menores de edad tienen que ser acogidos por la Comunidad Autónoma hasta que sean mayores de edad. Entonces esos menores si tienen derecho a sanidad, educación y los demás servicios. Es curioso, en los años 50 emigramos de las islas, porque aquí había una pobreza absoluta, y ahora…
En este cayuco o patera llegaron a la isla de El Hierro 168 personas, en ocasiones pueden llegarse a trasladar hasta más de 200 personas por cayuco
En las Islas Canarias, el Diputado del Común es el Defensor del Pueblo, elegido por las dos quintas partes del Parlamento autónomo, no es necesaria la mayoría absoluta. El periodista y escritor Rafael Yanes Mesa, tinerfeño de nacimiento, ostenta desde hace cinco años la responsabilidad de representar a la población canaria. Ya está en su último año de gestión.
—En el momento de asumir el cargo no se puede militar en ningún partido— aclara Yanes, y señala: —Aunque yo provengo del PSOE.
—Y en relación con los inmigrantes que tienen hijos en España.
—La ley española sobre la nacionalidad se diferencia a las leyes en Latinoamérica. Por ejemplo, en Venezuela es venezolano el que nace allí, independientemente de la nacionalidad de sus padres; en España no es así, aquí es español el hijo de español nazca donde nazca. Mi nieta nació en Argentina, y como su madre es española, entonces tiene doble nacionalidad, es argentina y española. Pero cuando un niño nace aquí, en España, de padres argentinos o venezolanos ese bebé no es español, pero tampoco es argentino o venezolano.
—Es apátrida.
—Sí, es apátrida. En teoría, se obtiene la nacionalidad por la sangre y por el suelo. Lo que pasa es que hay un convenio internacional, el cual media que los países se tienen que poner de acuerdo para que los niños tengan una patria. Claro, en esos casos se abre o solicita por parte de los interesados un expediente y eso queda en manos de las autoridades de extranjería.
Trasparencia y Cuentas Claras
La transparencia de las actuaciones oficiales de cara al ciudadano, en Canarias no son de libre ni de fácil acceso al común. Los resultados y gestiones de las instituciones son muy poco difundidas en las webs de los organismos.
—Otro tema que inquieta, es el referente a la transparencia de la información de las instituciones y el acceso por parte del ciudadano a esa información… Un ejemplo lo encontramos en la Dirección General de Dependencia Infancia y Familia, cuando un ciudadano solicita información sobre cuántas solicitudes de valoraciones por discapacidad reciben anualmente, y cuántos casos resuelven, la respuesta recurrente es que carecen de personal.
—Justamente sobre discapacidad voy hacer un informe extraordinario. Nosotros hacemos dos tipos de informes, uno anual, que es como una memoria y cuenta de lo que hacemos durante el año, y después realizamos informes extraordinarios, el último que presentamos es el de la vivienda, también hicimos un trabajo sobre la Dependencia. Y ahora voy comenzar uno sobre discapacidad. ¿Cuál es el problema con la discapacidad? Bueno, ocurre que tanto en Dependencia como en Discapacidad hay plazos establecidos para resolverlos. En Discapacidad, por ejemplo, está establecido un plazo de seis meses, una vez que la persona solicita la valoración de su minusvalía.
—Sin embargo, los tiempos de espera para dicha valoración son en la práctica de 4 años… El objetivo de la transparencia podría ayudar a conocer cuántas son las carencias de esa Dirección para atender las solicitudes y conocer cuánto le cuesta a cada ciudadano mantener esa estructura burocrática de acuerdo a sus resultados.
—Hay un Comisionado de Transparencia. El Parlamento autonómico elige cuatro responsables de áreas distintas: el Consejo Consultivo, encargado de vigilar la legalidad de las leyes; la audiencia de cuentas, que vigila el correcto uso del dinero público; el Diputado del Común, que vigila la protección de los derechos de las personas; y el Comisionado de Transparencia, que se dedica a ese tema de la información institucional del que usted habla.
—Sin embargo, teniendo usted a su cargo la proteger los derechos de los ciudadanos, ¿no estaría de su parte solicitar transparencia a las instituciones, a petición de los ciudadanos?
—Hay Comunidades Autónomas en las que la transparencia la lleva el Diputado del Común, que es lo lógico. Acá, en Canarias, no. Mi cargo consiste en velar por los derechos ciudadanos, pero la transparencia de la administración pública la lleva otra persona elegida para eso.
—Le ha ocurrido a usted como Diputado del Común verse bloqueado por falta de información oficial.
—Yo, por ejemplo, entro en un Ayuntamiento para conocer o saber lo que gana un alcalde, y no sale. Entonces, presento una queja en Transparencia. A veces hay personas que traen sus quejas sobre ese tema aquí, y nosotros lo que hacemos es trasladarla al Comisionado de Transparencia. Pero lo ideal es que esa clase de solicitud se haga directamente al responsable de esa materia.
Yanes Mesa recuerda que cuando fue elegido como Diputado del Común, presidía Canarias Fernando Clavijo, quien recientemente logró de nuevo hacer gobierno con los apoyos de Coalición Canaria y el Partido Popular.
—Cuando llegué a esta diputación, votaron por mí todos los partidos políticos: PP, Coalición Canaria, Nueva Canaria, Asamblea Gomera, Psoe y un movimiento de Fuerteventura.
Por ahora, está a la espera de ser sustituido.